La recién anunciada liberación de Rafael Caro Quintero, uno de los más famosos narcotraficantes en la década de los ochentas, se suma a una serie de decisiones judiciales controvertidas que han tenido lugar durante estos primeros meses del sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto.
La racha de veredictos que han beneficiado algunos de los más famosos presuntos delincuentes, empezó en enero de este año cuando una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata liberación de la ciudadana francesa acusada de secuestro Florence Cassez, las irregularidades cometidas por las autoridades mexicanas, violaron su derecho a un debido proceso, lo que impidió saber si era inocente o culpable. Lo anterior es la versión oficial, pero la mayoría de los mexicanos aún creen que el poder judicial no es independiente y la excarcelación, respondió a un arreglo entre el gobierno galo y la nueva administración mexicana, para recomponer las deterioradas relaciones entre Francia y México. La Bienvenida que recibió Florence al llegar a su patria, ayudo a la teoría conspirativa sobre el arreglo.
Otro caso que motivó la desconfianza hacia las autoridades de administración y procuración de justicia mexicanas, fue el que llevo a un grupo de generales del ejército mexicano a la cárcel, acusados de colaborar con el cartel de los Beltrán Leiva. La Procuraduría General de la República desistió de la acusación por falta de pruebas, por lo tanto los generales salieron libres de todo cargo, todo parece indicar que el caso era sustentado casi únicamente en la declaración de un testigo protegido denominado Jennifer.
En los últimos días, la sociedad mexicana, se indigno con la noticia de que un juez declaró que no había elementos suficientes para demostrar la procedencia ilícita de la fortuna de Raúl Salinas de Gortari, la cual asciende alrededor de 130 millones de dólares, el hermano de uno de los ex-presidentes más odiado de México, podrá disponer de ese dinero libremente. Sin duda es difícil defender la honorabilidad de aquel juez, pero para quien no, nos gusta creer en teorías conspirativas preferimos pensar que el caso no fue bien sustentado por parte de la Procuraduría.
Los cuatro casos a los que hago referencia en esta entrada, tienen dos explicaciones posibles: la ineficiencia e incapacidad de la Procuraduría General de la República, a la hora de presentar las acusaciones, lo que obliga a declarar la inocencia de los inculpados, ante la falta de elementos y/o violaciones al debido proceso. La segunda explicación posible llevaría a concluir que el sistema de administración y procuración de justicia mexicanos está tan corrompido que aún en los casos relevantes la corrupción logra ser un factor determinante en la decisión de los jueces
