“No queremos compasión, queremos inclusión”. Esta fue una consigna que propuse para una protesta que haríamos personas con discapacidad en el estado de Jalisco, pero que finalmente no llevamos a cabo; ahora a la luz del discurso y de las decisiones de nuestros nuevos gobernantes, tanto a nivel estatal como a nivel federal, la consigna es más relevante y urgente.
Con preocupación escuché que en sus dos discursos por motivo de su toma de protesta el presidente López Obrador las únicas veces que hizo referencia a las personas con discapacidad, lo hizo utilizando términos internacionalmente ya rechazados, y exclusivamente para anunciar un apoyo económico a un millón de personas con discapacidad que viven en pobreza; como si la discapacidad fuera una cuestión que se solucionara con 2,700 pesos mensuales, lo que el Presidente al parecer ignora por completo es que las personas con discapacidad tenemos que enfrentar cotidianamente barreras físicas y socioculturales, que en muchas ocaciones dificultan el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos fundamentales, así como nuestra plena participación en la sociedad.
Al iniciar el proceso electoral en el estado de Jalisco, donde radico, decidí involucrarme activamente en un grupo simpatizante del Partido Movimiento Ciudadano, nuestro objetivo principal era lograr incidir en las políticas públicas hacia la discapacidad a través de impulsar la postulación de compañeros con discapacidad a puestos públicos. Con el tiempo empezaron las frustraciones y desilusiones; el entonces candidato a gobernador Enrique Alfaro designó a una persona con escaso conocimiento de la temática de la discapacidad como responsable de atender a todos los grupos vulnerables.
Hace algunos momentos me enteré con profunda indignación que el Congreso de Jalisco aprobó la desaparición del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, un órgano que se encargaba legalmente de resolver algunas de nuestras problemáticas, sus responsabilidades esenciales pasarán directamente a una super Secretaría encargada de cubrir las demandas de todas las minorías y grupos vulnerables, desde las personas de la diversidad sexual hasta los adultos mayores pasando por los integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
Pienso que en la mayoría de los países occidentales estamos pasando por momentos de intentos de regresión a una sociedad monolítica, donde los grupos minoritarios corremos el riesgo de volver a ser invisibles.
Me resisto a dejar de luchar para que las personas con discapacidad seamos vistas y tratadas como ciudadanos cuyos derechos fundamentales sean verdaderamente respetados.
Me niego a aceptar que las personas con discapacidad seamos segregadas por el gobierno a escuelas de educación especial, como lo sugirió hoy el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro al anunciar que apoyará a la educación especial, al parecer ignora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional esa modalidad educativa, la cuál debe sustituirse por el modelo de educación inclusiva.
Finalmente, me niego a seguir permitiendo que las personas con discapacidad continuemos siendo tratadas de manera condescendiente por la sociedad y por el gobierno.
