El lunes pasado, el procurador general de la república, acompañado de otras autoridades y de peritos provenientes de diferentes instituciones nacionales e internacionales, dio a conocer los avances de la investigación sobre la explosión en el complejo administrativo de PEMEX. La versión ofrecido hasta el momento afirma que el estallido fue provocado por una acumulación de gas, (posiblemente metano), que reaccionó con una chispa derivada de las actividades de mantenimiento que se estaban llevando acabo por una empresa privada. El procurador también dio las razonas por las cuales se descartó la posibilidad de un atentado con artefacto explosivo.
Sin embargo, en mi opinión, el gobierno hubiera podido desechar más pronto la posibilidad de un acto premeditado; tenía suficientes elementos científicos a la mano, como la inexistencia de un cráter definido en la zona afectada. Creo que se tomó la decisión de esperar demasiado tiempo (cuatro días) para evitar acusaciones de ocultar la verdad, sin embargo, este periodo de un vacío de información oficial, sirvió como una incubadora ideal para teorías conspirativas, cuya principal base es la desconfianza, que tenemos la gran mayoría de los mexicanos, hacia nuestras autoridades.
